Diversos funcionarios del Poder Judicial están
presentes juzgando la masacre de Marina Kue en Curuguaty.
El que mas cuestionamientos de lleva es el fiscal Jalil
Rachid. Cito tres ejemplos solamente.
Escondió e hizo desaparecer pruebas importantes en la masacre. Por ejemplo
los casquillos vacíos de armas automáticas, que les fueron entregados. Menos
mal que esta prueba fue grabado en video.
Fue parcial en su rol de Fiscal. Acusador para los
campesinos a los que condenó desde el primer día y defensor de los policías.
El 15 de junio del 2012 a dos menores de edad,
un joven y la compañera de Rubén. Por su edad no son imputables y a
uno de ellos lo torturó.
Además presionó a los para que declaran contra Rubén Villalba con la
promesa. Una de las presiones era al joven para que declarara que Rubén le
quitó las llaves de su moto, impidiendo así que huyera de la invasión. Resulta
que ese adolescente no tenía moto.
Todos estos cuestionamientos recaen también y con mayor
gravedad sobre el Fiscal General del Estado, que sabiendo el mal desempeño del
Fiscal Jalil Rachid, no lo apartó del cargo. Este Fiscal General
sin duda para todo esto debió de estar sometido a la política partidaria. Esta
es una grave acusación.
A esto se añade la interrogante de por qué deja continuar
esta causa sin haberse decidido antes si las tierras eran fiscales o
privadas. Pareciera que tiene prisa para no dejarle este problema al Presidente
electo Cartes.
En todo esto último son, además, culpables la jueza que lo
permite y la Corte
Suprema de Justicia que lo aprueba.
Como telón de fondo, cito a la Comisión de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, que después de escuchar a los
representantes del Estado, que estuvieron en Ginebra presentes, les recomendó
que la investigación d e la masacre fuera “objetiva e imparcial”.
Hasta ahora no se hizo.
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